El juez Llarena suspende de cargo público a Puigdemont y otros cinco diputados

Esta suspensión afecta también a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva

por Europa Press /


El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el proceso soberanista en Cataluña, ha dictado un auto en el que concluye la instrucción de la causa y suspende de cargo público al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros cinco investigados que mantienen su acta como diputados en el Parlament, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) tras confirmarse sus procesamientos por el delito de rebelión. La suspensión no se aplica al exconseller Antoni Comín, fugado en Bélgica, al aceptar su intención de recurrir su procesamiento.

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En la imagen, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras (EFE)

En este auto, con fecha de este lunes, el magistrado considera que se cumplen todos los requisitos que contempla el artículo 384 bis de la LECrim, pues la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya ha hecho firme los procesamientos por el delito de rebelión contra estos siete miembros del anterior gobierno catalán y está "decretada la prisión provisional" contra cada uno de ellos, incluso contra Puigdemont hay cursada una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). Esta suspensión afecta al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; al exlíder de la ANC Jordi Sànchez y a los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, que se encuentran en prisión provisional.

Según explica el juez Llarena, una vez que se hace firme el auto de procesamiento la suspensión es automática, ya que se trata de una medida cautelar de "naturaleza pública y extraordinaria" que persigue preservar el orden constitucional para impedir que personas que "ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación de libertad".

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Finalmente, el magistrado del alto tribunal considera que debe aceptar la pretensión de los dos exconsejeros, aunque hayan comparecido en el procedimiento con "posterioridad" a que se desestimasen los recursos del resto de procesados, para que puedan recurrir sus procesamientos por rebelión y malversación de Comín y por los delitos de desobediencia y malversación de Serret.