La Audiencia Nacional ve probada la financiación ilegal del PP de Valencia

Condena al exsecretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, además de al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y a Álvaro Pérez El Bigotes

por Agencias /


La Audiencia Nacional ha condenado a 5 años y tres meses de prisión para el presunto líder de la Gürtel, Francisco Correa, y a 6 años y 9 meses para el responsable de la red en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, por su participación en la financiación irregular del PP valenciano en las elecciones de 2007 y 2008. Además,  ha condenado a 4 años de prisión al exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa y absuelve al exvicepresidente Vicente Rambla.

Caso Gürtel Valencia

 Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', responsable de la empresa Orange Market; Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, y Francisco Correa, empresario y 'cabecilla' de la trama, durante el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia a través de la trama Gürtel. EFE

Se trata de la segunda sentencia a la Gürtel dictada por la Audiencia Nacional, en la que también ha resultado condenado a 5 años de prisión el número dos de la red y exsecretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo. En los tres casos, el juez ha apreciado las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de confesión en virtud de las revelaciones realizadas en el juicio, cuando confirmaron la existencia de un sistema de financiación irregular en el PP valenciano en las campañas electorales del partido entonces liderado por Francisco Camps. 

RELACIONADO: Más noticias sobre corrupción

El magistrado José María Vázquez Honrrubia considera probado en su resolución que la formación popular valenciana, liderada entonces por el expresidente valenciano Francisco Camps, contrató con Orange Market, la empresa del cabecilla de la red, Francisco Correa, servicios que abonaron "de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros".

Se refiere con estos terceros a los nueve empresarios que confesaron durante la vista oral celebrada entre los meses de enero hasta mayo, que habían financiado de manera irregular al PP valenciano. De hecho, la resolución distingue tres grupos: el relativo a estos empresarios, el que integraron los miembros del 'Grupo Correa' y los miembros del grupo político', entre los que se encontraban el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa.

"La declaración de Costa corroborada testificalmente por Luis Bárcenas, acredita que efectivamente existía una financiación ilegal del PPCV, tanto como que Costa era plenamente consciente de que ese modo de pago era totalmente ilícito", reza la resolución al respecto. Su interrogatorio marcó el rumbo de la vista oral al señalar directamente a Camps y al expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino como los dirigentes que encargaron financiar con dinero negro las campañas de esos años.

RELACIONADO: La Audiencia Nacional condena a Bárcenas a 33 años de cárcel y a su esposa a 15 por el caso Gürtel

En lo que respecta a las campañas juzgadas, la sentencia concluye que la formación no tuvo en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral que prevé la Ley y por ello recurrieron a estos empresarios valencianos, los cuáles no podían hacer donaciones al PP porque tenían contratos con el gobierno presidido durante esos años por Camps. Tanto es así que determina que las cuentas de la formación popular en Valencia estaban a una "distancia abismal" de reflejar una imagen fiel a su situación financiera.

La sentencia cifra en 175.000 euros la única cuantía declarada por la sociedad Orange Market por la organización de actos para las campañas de 2007 y 2008, entre los que se encuentran el mítin que ofreció el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, en la plaza de Toros de Valencia en 2008.

Sin embargo, el magistrado José María Vázquez Honrrubia señala en su resolución que "fue muy superior" el servicio que encargó y recibió de Orange Market. En concreto, determina que 1.155.231 euros el dinero que no fue objeto de facturación y contabilización en relación con los actos ejecutados para las elecciones autonómicas de 2007, así como 78.878 euros por las municipales de ese año. Con motivo de las elecciones de 2008, el juez cifra en 801.810 euros la cuantía que también se mantuvo opaca al fisco.

Según el juez, los empresarios valencianos actuaron en connivencia con los miembros del PP valenciano y la empresa de Correa para financiar una parte del gasto comprometido por los cargos políticos asumiendo el pago que dicha formación política debía a Orange Market y haciéndolo aparecer como si fueran servicios prestados por la mercantil. El grupo de Correa, que ha sido condenado a cinco años y tres meses de cárcel, les facilitaba facturas correspondientes a supuestos servicios que en realidad no habían sido prestados.

Además, la sentencia describe la función ejercida por los asesores fiscales José Ramón Blanco Balín y Cándido Herrero en la confección de las facturas, así como en las declaraciones ante la Agencia Tributaria que fueron confeccionadas en el despacho de Blanco Balín. El sistema diseñado para los pagos era a través de facturas correctas, otras facturas eran falsas y también con pagos en 'b'.