El Fiscal se querella contra González Macho por un presunto 'taquillazo' de 731.972 euros

Le acusa de falsear datos de taquilla en varios de sus cines para favorecer al productor de la película 'Rosa y Negro'

por Tu otro diario /


La Fiscalía Provincial de Madrid se ha querellado contra el expresidente de la Academia del Cine, Enrique González Macho, gestor de las entidades Alta Classics y Alta Films, y contra Edmundo Gil, administrador mercantil de Flamenco Films por un presunto delito de fraude de subvenciones por valor de 731.972 euros por la película 'Rosa y Negro' (2009).

El escrito de la fiscalía, señala que desde la Intervención General de la Admnistración General del Estado (IGAE) se recibió un informe-denuncia relativo al presunto fraude de subvenciones concedidas a la entidad Flamenco Films por resolución del ICAA de 25 de noviembre de 2011, por la coproducción de la película 'Rosa y Negro' (2009), siendo los beneficiarios de dicha ayuda los responsables de Flamneco Films, productora de la cinta, dirigida por Gerard Jugnot.

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En este sentido, señala que la empresa Flamenco Films solicitó a través del Edmundo Gil el 15 de septiembre de 2011 al ICAA la ayuda general a la amortización de largometrajes del año 2011, subvención que le fue concedida y materialmente transferida en diciembre de 2011.

Sin embargo, precisa que "practicadas determinadas actuaciones de investigación por parte de la IGAE se ha detectado que parte de las condiciones requeridas para la concesión de las ayudas resultaron falsas, por lo que existen indicios de que los querellados pueden haber incurrido en la comisión de una infracción penal".

Uno de los requisitos para obtener las subvenciones radica en la obtención de un mínimo de espectadores de la película exhibida. La asistencia de espectadores y declaración de rendimiento obtenidos por la proyección de una película sirven de módulo a los efectos del cálculo de las ayudas para la amortización de largometrajes reguladas".

"Es decir, resulta trascendente que cada largometraje obtenga un número de espectadores ya que dicha circunstancia condiciona en gran medida las ayudas a la amortización de largometrajes españoles tanto la ayuda general como la ayuda complementaria", añade el fiscal..

Por tanto, según resume, a mayor espectadores y recaudación declarados, más posibilidad de obtener las ayudas referidas. Además, los titulares de las salas de exhibición tienen la obligación de comunicar al ICAA la asistencia de espectadores y declaración de rendimientos obtenidos con la proyección de una película.

Sesiones matinales

En cuanto a la distribución temporal de la película, destaca que la mayor afluencia de público resultó entre el 24 de mayo al 19 de julio de 2010, y en sesiones matinales, a pesar de que al parecer, el largometraje no se publicitó en ninguno de los periódicos de tirada nacional.

El fiscal señala que los cines referidos están participados por la mercantil Alta Films, que participa igualmente en la distribuidora Alta Classics, es decir, que la dirección efectiva de la distribuidora y exhibidora corresponde al mismo grupo empresarial. "En la misma línea, resulta sospechoso que los datos de recaudación que se producen en esta película en las Salas pertenecientes a Alta Films contrastan con los datos de recaudación de otros cines fuera de la esfera de Alta Films", añade el Fiscal.

Por todo ello, considera que existen elementos para inferir que "la exhibidora ha manipulado los datos de los espectadores a los efectos de beneficiar a la productora a fin de obtener la subvención concedida o que la productora ha adquirido entradas a los efectos de llegar a un número mínimo de espectadores que dé lugar a la obtención de la subvención, comunicando la exhibidora no el número real de espectadores, extremo que condiciona la subvención sino el número de entradas vendidas.

En relación con el comportamiento de los responsables de la sala exhibidora, indica que la concurrencia de dicha conducta en distintas salas de diferentes partes del territorio nacional, sobre la misma película, con el mismo modus operandi, hace pensar, en principio, que "puede responder a una estrategia empresarial, por lo que el administrador, de conformidad con el artículo 31 del Código Penal debe dar cuenta de dichas conductas, infracción "de la que podrían resultar autores directos o por cooperación necesaria y/o cómplices".

Los hechos podrían constituir delito de fraude de subvenciones previsto en el artículo 308 del Código Penal, al haber obtenido la cuantía de 731.972,89 euros en calidad de subvención tras "falsear parte de las condiciones requeridas para su concesión".

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