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La Casa del Rey estará sometida a la Ley de Transparencia

La Casa del Rey pide al Gobierno que la incluya en la Ley de Transparencia

La Casa del Rey abrió hace dos meses conversaciones con el Gobierno para concretar su sometimiento a la nueva Ley de Transparencia, una iniciativa de la Zarzuela que el Ejecutivo debatirá con los grupos políticos y con la que se le aplicará un régimen similar al de las Cortes o el Poder Judicial.

Fuentes de la Casa del Rey consultadas por EFE han subrayado que fue esta institución la que pidió hace dos meses someterse a la Ley de Transparencia, un extremo sobre el que no se ha pronunciado el Gobierno, si bien la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que la Jefatura del Estado ve con "buenos ojos" la iniciativa y ha mostrado la "máxima disposición".

La Casa del Rey, ha precisado Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros, "manifestó desde el primer momento su voluntad de encontrar una fórmula para someterse a esa Ley", una vez que el Congreso aprobó una resolución a favor de aplicar esta normativa a todas las instituciones, y ha trabajado intensa, "activamente" y con "absoluta colaboración" en sus contactos con el Ejecutivo.

Fuentes del PSOE han considerado "muy positiva" la decisión de la Casa del Rey de aceptar su inclusión en el ámbito de competencias de la Ley, como reclamaban los socialistas desde hace meses frente al rechazo del Gobierno y el PP, y han anunciado que en las negociaciones en marcha en el Congreso este partido reclamará "que haya la máxima transparencia posible" en sus actividades.

En su comparecencia informativa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha hecho hincapié en que al no ser una administración pública la Casa del Rey tiene que incluirse "de una manera similar o con un tratamiento equivalente" al que tendrán otras instituciones del Estado, en referencia al Parlamento, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial.

A través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Luis Ayllón, el Gobierno informará la próxima semana del resultado de estas conversaciones a los grupos parlamentarios, en primer lugar al socialista.

Aunque la vicepresidenta del Ejecutivo no ha concretado cómo se traducirán las "particularidades" que afectan a la Casa del Rey en la nueva norma, que se encuentra en tramitación parlamentaria desde el pasado septiembre, sí ha recalcado que su régimen económico viene determinado en la Constitución, concretamente en su título segundo. "Deberemos ajustar el propio contenido de la Ley de Transparencia a sus propias circunstancias y a lo que la misma Constitución señala en su título segundo", ha puntualizado. En este contexto, ha querido dejar claro que se trata de encontrar "un sistema" de aplicación de la ley equivalente al que se deberá establecer para las otras instituciones que no son administraciones públicas, como el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Sobre la posibilidad de que en la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se incluya el aforamiento del Príncipe de Asturias, tal y como ha sugerido la Fiscalía, Sáenz de Santamaría ha avanzado que el Gobierno tendrá en cuenta la opinión de esta institución sobre el borrador del proyecto que el Ejecutivo encargó a una comisión de expertos.

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